El Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En primer lugar, en este se evidencia una desconexión entre las bases del Plan como discurso y el proyecto de ley que transforma al Estado, además, presentado con proyecciones infladas y desfinanciado. Sin embargo, es fácil leer la intención del presidente Duque, su gabinete y las bancadas de gobierno. El Plan, en realidad, es un pacto -no con la población colombiana- sino con la clase  dirigente tradicional, para continuar reduciendo la función social del Estado. Se pretende seguir canalizando riqueza desde la población y las regiones hacia una bolsa común dirigida por el ministerio de Hacienda. La lógica consiste en que el Gobierno Nacional obtenga los recursos necesarios para garantizar la realización de específicos negocios particulares, principalmente en las áreas de minería, agroindustria, infraestructura e intermediación financiera, entre otros. Aunque el nombre del Plan es un “pacto por la equidad”, no hay un cambio en la orientación económica, social y en la oferta productiva del país. Por el contrario, las estimaciones oficiales son que la minería, el choque petrolero y las regalías serán los que aportarán el mayor crecimiento adicional esperado en los próximos cuatro años. Es decir, es una apuesta por exactamente lo mismo que ya fracasó, con la ilusión de que ahora sí va a funcionar. De lo que se trata es de atraer más inversión extranjera dirigida a la explotación de recursos naturales y de la mayor concentración de la tierra, para lo cual se crean beneficios adicionales para este tipo de inversión, a la vez que se desconoce por completo la importancia de la economía campesina para la estabilidad social y económica del país. En este sentido, el Plan se orienta hacia un ordenamiento del territorio por la vía del mercado, trasladando más responsabilidades a las regiones con menos recursos, orientando la producción hacia la exportación, sin estimular la integración regional y erosionando el mercado interno. También, lesionando el piso de protección social, desconociendo los compromisos con la paz y usando el lenguaje del emprendimiento para zafarse de la obligación que tiene el Estado con la creación de riqueza. El Plan está lleno de micos que otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el Estado y eliminar la planeación del desarrollo en el largo plazo. Facilita las privatizaciones, no ataca en serio la corrupción y le apuesta al crecimiento sin considerar el ambiente natural y da vía libre a técnicas como el ‘fracking’. Finalmente, no hay recursos para cerrar las brechas de desigualdad territorial, de género, étnicas y de clase. En este documento, se hace un esfuerzo por sintetizar el análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo desde diferentes miradas. Se analiza el modelo de producción de alimentos, el campesinado, la estabilidad macroeconómica del país, la producción, el empleo, la salud y la seguridad social, la gestión pública, la descentralización y la búsqueda de la paz, desde una mirada crítica a este modelo económico, social y político que profundizará los problemas del país.
Dentro del denominado Pacto por la Equidad, se incluye a la Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN, como alianza para una ciudadanía con mente y cuerpo sano (PND, 268). La SAN es presentada como un referencial restringido a la disponibilidad, consumo y aprovechamiento biológico, sin relación con las dimensiones humana y ambiental ganadas en la comprensión integral de la SAN en los últimos años, que permitió demostrar que no sólo está relacionada con la expresión individual que se manifiesta en la condición de salud y nutrición  de la población, sino que depende de factores estructurales, sociales y económicos que esencialmente determinan el acceso y disponibilidad plena a los alimentos desde la zona rural a las ciudades. Mucho menos reconoce, la relación directa con el desarrollo integral del campo, y la construcción de procesos para alcanzar la soberanía alimentaria, como garantía para eliminar las brechas sociales, económicas y territoriales para el logro efectivo del derecho humano a la alimentación adecuada –DHAA-.